extraído de verderojopamplonés.blogspot.com
La República, como concepto de un sistema de gobierno, es muy amplio pero converge y tiene en común, para todas las opciones de república, que se sustenta en el respeto a la Justicia y en el establecimiento de un Estado Público de Derecho.
El proceso abierto contra el juez Baltasar Garzón ha despertado en el ciudadano un debate, y asiste a un espectáculo circense en el que un grupo de extrema derecha sienta en el banquillo a quien trata de resolver un crimen. Y el problema no es tanto la resolución del debate, sino el cómo resolver el debate.
En un país del siglo XXI, donde están establecidos una serie de derechos salvaguardados por una justicia, sorprende ver cómo su sistema raíz, de memoria, de recuerdo de acontecimientos pasados, tiene un agujero que demuestra la necesidad de una revisión urgente del mismo.
Cuando una Constitución escribe entre sus líneas palabras como Igualdad hay que suscribirlo a todas las acciones que responden a la aplicación de ese valor. La Justicia no debiera poder recibir en sala a quien denuncia que no quiere que se investiguen delitos (crímenes), en muchos casos del pasado del denunciante, sin que éste, de por sí, no sea detenido por encubridor (o defensor) de tales acciones pasadas. Por ser encubridor y por denunciar una serie de máximas que van intrínsecos a la Constitución que ella representa. Por Justicia.
Este pilar de cualquier estado moderno y quien lo administra, que es el supremo, en nuestro caso titubea y confirma que hay que investigar a quien trata de aplicar Justicia e Igualdad y basándose, ni más ni menos, en una Ley aprobada por los representantes ciudadanos, la de la Memoria Histórica.
Estos hechos demuestran que ya no es un problema de uno de los pilares básicos del estado, es una representación en el escenario público de que el sistema democrático actual, supuestamente igualitario y de derecho, desvía responsabilidades en caso de que vayan dirigidas a una oligarquía, no sólo social sino también política.
La Constitución Española no debe padecer de agujeros de seguridad (como en un programa informático) que hacen que tanto la Fiscalía General del Estado como la propia Ciudadanía tengamos que asistir impotentes a tal acontecimiento.
Un pilar básico de un sistema republicano como fue el que el régimen franquista silenció, es la Justicia. Emanada desde la igualdad, la libertad y el orden. Y es aquí donde se produce el hecho contradictorio: un juez, habiendo estudiado causas en otros países y tras aplicar una ley aprobada por la ciudadanía, es sentado en banquillo y señalado como presunto culpable.
El bug en cuestión hace reflexionar si es sólo es eso o si lo es en el concepto propio de Estado. Tal vez la configuración del estado tenga que cambiar.