extraído de miguelsuarezdice.blogspot.com
El Artículo 16.3 de la Constitución española establece que "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones", en otras palabras: España es un país laico.
El derecho a la educación está reconocido como un derecho humana por las Naciones Unidas. A nadie nos sorprende ninguna de estas dos afirmaciones y no creo que nadie racional vaya a oponerse a ellas. En Navarra más de la mitad de los alumnos están matriculados en centros públicos sin embargo el Gobierno de Miguel Sanz favorece a los colegios concertados que se saltan tanto el artículo 16.3 como el derecho a la educación.
El nuevo consejero de Educación, Alberto Catalán, ha recogido la herencia de su predecesor y antiguo socio político, Pérez Nievas, y mantiene una política de defensa de la educación religiosa obligatoria y continua financiando a colegios que no defienden la igualdad entre hombres y mujeres. Este tema no es sólo una cuestión política sino que es una situación social muy peligrosa. Se está perdiendo una educación digna, eficaz y al alcance de todos, y se está formando a personas en unas ideas contrarias al derecho a la igualdad. El partido de Yolanda Barcina está beneficiando a las élites religiosas que actualmente representan una de las mayores corporaciones de centros educativos y sanitarios privados en Navarra.
UPN está gobernando únicamente para sus votantes, y ha preferido excluir de sus políticas los derechos de muchos ciudadanos a cambio de conseguir mantenerse en el poder. Hoy en día es necesario esperar 16 horas para conseguir una plaza en la escuela de idiomas, los colegios públicos están menos protegidos que los centros concertados y se sigue apostando por imponer una única moral.
Entradas
